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Se confirma pesquisa por millonario lavado de dinero venezolano

Venezolanos tienen mismo cabildero que Puerto Rico

Las autoridades federales sometieron una solicitud de incautación de $53 millones en cuentas del Banco San Juan International (BSJI), una entidad financiera internacional con sede en Puerto Rico, confirmando así que hay una investigación criminal abierta por posible lavado de dinero que involucra a ese banco y a Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

El documento radicado el viernes pasado mantiene confidencial la declaración del agente Ivan J. Serpa, del Departamento de Seguridad Interna, pero consigna que la incautación está relacionada a un préstamo de $519 millones que se determinó que no era legítimo y bajo el cual se ha contabilizado por lo menos $73.8 millones.

Los agentes federales realizaron un allanamiento en las oficinas de BSJI en Guaynabo en febrero de este año y cinco meses después realizaron otro allanamiento en South Bank International, LLC.

El jefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en San Juan, Douglas Leff, dijo al momento del allanamiento que entidades y personas vinculados con el gobierno de Venezuela “movían por Puerto Rico fondos que el tesoro federal ha identificado como conectado con potenciales casos de corrupción, narcotráfico, violación de derechos civiles y terrorismo”. “Banco San Juan Internacional ha tomado todas las medidas apropiadas para garantizar que cumple con todas las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a individuos y entidades venezolanas, y no tiene conocimiento de ninguna transacción que pudiera violar estas sanciones”, reaccionó en ese momento Héctor Vázquez Muñiz, principal oficial financiero del banco.

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Entre las regulaciones, la Administración Trump puso en vigor una que específicamente cubre transacciones relacionadas a PDVSA. La empresa estatal petrolera mantiene una batería de cabilderos en Estados Unidos que incluye a las firmas Avenue Strategies, Cornerstone Government Affairs y VantageKnight Inc. Esta última es del cabildero Manuel “Manny” Ortiz, amigo de la infancia de la familia Rosselló y quien tuvo un contrato de cabildeo con el gobierno de Puerto Rico a través de la Compañía de Fomento Industrial por $690,000 que expiró en junio de este año. Los récords públicos sobre los clientes de las tres empresas de cabildeo dan cuenta de que, en el caso de cada una de ellas, PDVSA es su cliente más grande en lo que va de 2019.

Más recientemente, Ortiz también protagonizó una controversia cuando se conoció que recibió un decreto contributivo por servicios de exportación de parte del Gobierno de Puerto Rico aunque sus operaciones, y residencia, están en Estados Unidos. Sus servicios a favor de PDVSA ocurrieron a la vez que la Administración Rosselló Nevares mantenía una posición pública de rechazo al gobierno de Nicolás Maduro y de apoyo a las presiones de Estados Unidos contra su régimen.

La solicitud contra la incautación de $53 millones propiedad del BSJI está dividida en $10 millones en una cuenta del banco bajo la custodia de Merrill Lynch en Guaynabo, $5 millones bajo la custodia de Merrill Lynch en Nueva York y poco más de $38 millones bajo la custodia del Banco de la Reserva de Nueva York.

Según los hechos presentados al tribunal, en abril de 2017 de BSJI firmó un acuerdo de crédito con PDVSA para un préstamo de $519 millones. BSJI le habría informado falsamente al Banco de la Reserva y a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) que tenían los fondos depositados en un fideicomiso, como indicaba el acuerdo con PDVSA. Con esta falsa representación, habrían permitido que PDVSA lavara por lo menos $73.8 millones ya que el dinero entró al sistema bancario estadounidense como si fueran los supuestos pagos de un préstamo que, según las autoridades federales, no existió. Las sanciones contra Venezuela de parte de la Administración Trump comenzaron en agosto de 2017.

A la vez que radicó la solicitud de incautación, el fiscal federal David O. Martorani Dale radicó una solicitud para que el caso sea suspendido por 120 días, hasta el 24 de enero de 2020, en lo que prosigue la investigación criminal. “Una paralización en este proceso civil de incautación es necesaria para evitar cualquier perjuicio a la investigación criminal que continua”, dijo.

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