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¿El informe de la ONU sobre Venezuela fue rechazado por “países del mundo”?

No, pero el chavismo ha querido que se vea así, al menos para su público. El Informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos es muy fuerte al criticar la situación de derechos políticos, de salud, de administración de justicia, de libertad de información y otros. La maquinaria oficialista ha hecho todo lo posible por desacreditarlo o de minimizar su impacto.

(Julio 8, 2019 – Javier Brassesco). En una noticia del canal VTV (Venezolana de Televisión, canal estatal) se puede leer que “Países del mundo rechazan informe de ACNUDH sobre Venezuela”.

La semana pasada y durante la celebración de la 41 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Alto Comisionado para los Derechos Humanos Michelle Bachelet presentó un informe sobre la situación en Venezuela, y el mismo fue muy criticado por el propio régimen de Maduro, quien le hizo setenta objeciones a su contenido.

Pero es una clara manipulación decir que “países del mundo lo han rechazado”. En realidad el informe, que es un golpe político al régimen de Maduro, ha sido criticado por nueve países, todos aliados y casi todos dictaduras: Rusia, China, Turquía, Bielorrusia, Myanmar, Irán Cuba, Nicaragua y Bolivia.

De éstos, solo Bolivia podría ser considerado, y estirando algo la cuerda, un régimen democrático. Por otro lado, el informe ha sido respaldado por casi todas las democracias occidentales, incluyendo la más antigua como el Reino Unido.

¿Es tan contundente el informe?

Muchos han hablado del informe como una puñalada que deja desnudo al régimen de Maduro. ¿Es así de contundente?

El informe presenta 83 puntos, y el penúltimo está dividido en diez exhortaciones para que el régimen tome medidas y atienda los problemas que se describen anteriormente.

Fue realizado en una visita que en junio realizaron varios integrantes de esta comisión con la anuencia del propio gobierno. Se reunieron con el propio Nicolás Maduro, el vicepresidente, el canciller y altos cargos de 17 ministerios. También con otros funcionarios del madurismo como el fiscal general, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y el Defensor del Pueblo. También con el presidente de la Asamblea Nacional y varios diputados opositores.

Tuvieron 558 entrevistas y 159 reuniones con víctimas y testigos, además de abogados, comunicadores  sociales, profesionales de la salud, ex militares y oficiales de seguridad.

En realidad el informe es fortísimo y presenta una dura (y a nuestro juicio certera) imagen de lo que es Venezuela hoy en día. Entre muchas otras cosas se dice que:

-El salario mínimo ni siquiera puede ser considerado de subsistencia: para abril de 2019 era el 4,7% de la canasta básica de alimentos.

-Existen violaciones al derecho a la alimentación y políticas que han provocado la caída de la producción y distribución de alimentos.

-Venezuela padece una carencia entre el 60 y el 100 de fármacos esenciales en cuatro ciudades principales del país que fueron visitadas, incluyendo Caracas. Enfermedades que ya estaban controladas como la difteria y el sarampión han reaparecido. Falta grave de anticonceptivos, con ciudades con carencias de hasta el 100%, lo que ha disparado la tasa de embarazos adolescentes en 65% desde el año 2015 y 20% de fallecimientos maternos por abortos mal realizados. En la Encuesta Nacional de Hospitales entre noviembre 2018 y febrero de 2019 murieron 1557 personas por falta de insumos.

-Las violaciones al derecho a la salud son responsabilidad del gobierno por no cumplir  con sus obligaciones fundamentales.

-El sistema de distribución de alimentos conocido como CLAP es utilizado de manera política para asegurarse el control de la población más necesitada. Discriminación por motivos políticos y el control social mediante carnets.

-La economía venezolana, especialmente su industria petrolera y el sistema de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera la primera sanción sobre el régimen de Maduro.

-El gobierno intenta imponer una hegemonía comunicacional y restringe los medios independientes, clausura medios y cierra emisoras y canales de televisión. Aumentan las detenciones de periodistas locales y a los extranjeros los expulsan. En la web están bloqueados también muchos medios independients.

-Represión selectiva por motivos políticos.

-Un estado de excepción que se ha renovado cada 60 días desde el 13 de mayo de 2016 y que le otorga a Maduro unas facultades “vagas y discrecionales”.

-Aumento tangible de la militarización a partir de la activación del plan Zamora en 2017.

-Los órganos de seguridad son responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, además de maltratos y torturas. Órganos como la fiscalía o la Defensoría del Pueblo no realizan investigaciones imparciales y fomentan la impunidad.

-Se criminaliza a la oposición y a cualquier persona crítica con el gobierno.

-Dirigentes sindicales que exigen mejoras salariales y contractuales también son perseguidos.

-Para junio de 2019 se había levantado la inmunidad parlamentaria a 22 diputados opositores, y los ataques selectivos a familiares de opositores son parte de la “represión selectiva”.

-Uso excesivo de la fuerza en muchas manifestaciones pacíficas. Muchos manifestantes han sido detenidos arbitrariamente y torturado, y sus residencias allanadas de forma ilegal.

-Según la ONG Foro Penal Venezolano, más de 15 mil personas han sido detenidas por motivos políticos entre mayo de 2014 y mayo de 2019. Al 31 de mayo de 2019, 793 personas seguían detenidas arbitrariamente, y 8.598 habían sido liberadas con condiciones y afrontaban todavía actuaciones penales. Muchas han dejado el país por temor a ser detenidas de nuevo. El ACNUDH documentó detalladamente 135 de estos casos, y encontró reiteradas violaciones a la garantía de un juicio justo, y en la mayoría de estos casos se practicó tortura sobre los detenidos o tratos degradantes. También están documentados casos de violencia sexual y de género contra mujeres y niñas durante su detención.

-Las condiciones de detención no cumplen con las reglas internacionles mínimas sobre trato a reclusos. El centro de detención del Sebin, el Helicoide no cumple con los más mínimos requisitos.

-Tras entrevistar a los familiares de 20 personas muertas por la FAES, la ACNUDH alerta que estamos en presencia de todo un modus operandi para las ejecuciones extrajudiciales que terminan con un disparo en el tórax. Además los miembros del FAES suelen llevar a los cuerpos sin vida a los hospitales, presumiblemente para manipular los cuerpos y la escena del crimen. El gobierno suele describir estas muertes como causa de “resistencia a la autoridad”, y en 2018 nada menos que 5.287 muertes fueron enmarcadas en esta categoría. Además la ACNUDH documentó el caso de seis personas asesinadas por el FAES por participar en protestas antigubernamentales durante 2019.

-La población indígena (que representa el 2,5% de la población) ha visto vulnerados sus derechos económicos y sociales y han perdido el control de sus tierras por la minería y la extracción de minerales. También son víctimas de represión selectiva por oponerse al régimen.

-El éxodo supera los cuatro millones para junio de 2019 causado sobre todo por violaciones a los derechos a la salud y la alimentación.

-Obstáculos para o legalizar la documentación, lo cual vulnera el derecho de los venezolanos a salir de su país e incluso a tener una identidad.

-Por último, en sus conclusiones se dice que “Existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones a los derechos políticos y sociales”. Y que el gobierno ha cometido “numerosas violaciones a los derechos humanos”.


Imagen inicial: VK con insumos de Pixabay.

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